Canales de Denuncia Anónima “Cuando la Verdad no es Suficiente“

Cuando hablamos de Canales Anónimos de Denuncia, de protección de los denunciantes, de herramientas de detección del fraude, una imagen nos viene inmediatamente a la mente: ¡Investigación!

La conveniencia de no implantar voluntariamente los Canales de Denuncia se basa en la consiguiente percepción negativa de los escándalos por parte del mercado, la baja probabilidad de recuperar los fondos o activos expoliados y la probable obligación de informar a las autoridades de investigación judicial, lo que inevitablemente lleva a las organizaciones a una exposición mediática aún mayor.

Esta combinación de factores lleva a las organizaciones a seguir barriendo sus delitos y faltas «bajo la alfombra».

A diferencia de la basura en las calles de las ciudades que está a la vista, los fraudes y delitos organizativos siguen generando sólo víctimas sin voz, donde es mejor no saber, y así evitar el riesgo de tener que denunciar al Regulador o a la Autoridad Competente.

El llamado Tip, o indicio de que algo va mal, es responsable del 37% de los descubrimientos de fraude empresarial y estatal en Estados Unidos, frente al 14% que corresponde a la actuación de Auditoría Interna.

En Europa, el 65% de las organizaciones cuentan con Canales de Denuncia o Líneas Directas, y son responsables del 39% de las detecciones de fraude, frente al 17% de Auditoría Interna.

En el continente africano, el 69% de las empresas cuentan con Canales de Denuncia Anónimos, y alcanzan un impresionante 48% de los hallazgos de fraude, en comparación con sólo el 14% de los hallazgos resultantes de las acciones de Auditoría Interna.

Por lo tanto, sólo cabe preguntarse por qué las legislaciones son tan laxas como para no obligar a implantar el Canal de Denuncias Anónimas como herramienta de detección y protección, ya que existen sólidas evidencias empíricas que demuestran que los llamados «Tips» son mucho más eficaces que la propia Auditoría Interna a la hora de descubrir irregularidades.

Los datos presentados por la ACFE- Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (Association of Certified Fraud Examiners), la mayor asociación de profesionales de la investigación del fraude en el mundo, que cuenta con más de 90 mil miembros en 160 países, emitió en su último informe bianual, Informe a las Naciones «Report to the Nations» de 2020 que los Canales de Denuncia están presentes en promedio, en el 72% de las empresas asiáticas, el 76% en Europa, el 72% en las Américas, el 72% en Oriente Medio y el 69% en el continente africano.

En un primer análisis, podemos aceptar el hecho de que es elección de la organización el disponer o no de herramientas para detectar las irregularidades si la ley no le obliga a ello, pero al aceptar este hecho, también estamos aceptando que no tiene un Compliance efectivo, o que este Compliance es sólo sobre el papel, ya que una organización que no quiere conocer las irregularidades que se producen en su seno o que se cometen en su nombre o en su beneficio, no puede mantener que tiene un sistema de seguimiento y control efectivo en términos legales.

Como ejemplo, invito al lector a entrar en las distintas páginas web de los operadores financieros, donde podemos suponer que se trata de uno de los mercados más regulados, y buscar la forma anónima de realizar una denuncia por fraude o blanqueo de capitales. La dificultad es enorme! Por qué?

La inexistencia o deficiente existencia de estos Canales es un incumplimiento legal, un fallo en el Cumplimiento Normativo que requiere la implantación de una herramienta de denuncia, que idealmente debería contemplar la posibilidad de añadir pruebas y cómo éstas serían protegidas con las necesarias garantías de no represalia al denunciante, integridad de la información, trazabilidad, e investigación de la irregularidad denunciada.

En conclusión, debemos ser conscientes de que los mecanismos de detección de irregularidades afectan directamente a la percepción de la existencia o no de Compliance por parte del Inversor, Cliente y también de las Entidades Internacionales, que detectan «Red Flags» o banderas rojas, al esperar encontrar en el mercado local los mecanismos y mejores prácticas probadas a nivel mundial.

Queremos el cambio, así que formemos parte de él!

Andrea Moreno, CEO PetroShore Compliance

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